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2024-06-11 10:28:32
Manifestación en defensa de la Universidad Publica.
En estos primeros seis meses de Javier Milei, uno de los sectores más castigado son los trabajadores, con la pérdida de su poder adquisitivo, desempleo, quita de derechos fundamentales. Los gremios salieron a las calles desde un primer momento.
Una de las primeras medidas del Gobierno Nacional para reprimir la protesta fue la implementación del Protocolo Antipiquete, que iba a tener su debut en la Ciudad de Buenos Aires. Pero uno de los pocos distritos que adhirió al Protocolo fue la Provincia de Córdoba. Implementado a fines de diciembre en una marcha por el centro de la ciudad de Córdoba, en el marco de la "Marcha contra el Hambre".
Uno de ellos es Federico Giuliani, titular de ATE Córdoba, quien habló con La Gen y señaló: "El Gobierno tiene en su programa que el ajuste actual sólo cierra con represión. Pero también incumpliendo la Constitución, que garantiza el derecho a la protesta". Sobre su situación particular indicó: "En mi caso tenga en mi haber varias causas, una elevada a juicio donde se me endilga cortar una calle en el marco de la Marcha contra el Hambre que convocaron los movimientos sociales el año pasado. Otra causa abierta por el mismo fiscal designado para acosar judicialmente a las y los dirigentes que resisten el ajuste en Córdoba, Ernesto De Aragón, incluyó allanamientos en nuestro local sindical en Río Cuarto, mi propio domicilio particular, la retención de mi teléfono e, insólitamente, el de mi hijo de 9 años".
Giuliani agrega que desde la Asociación que comprenden que: "Es una política que pretende criminalizar el derecho a peticionar tiene su correlación en las provincias".
Por otro lado, otro de los sectores más afectados es el de los docentes, en este caso en particular hablamos con Roberto Cristali, titular de UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), quien señaló: "Desde el primer momento el Gobierno nacional se ha desentendido del rol del Estado como garante del servicio educativo, que lo establece la ley de Educación Nacional. En ese línea ha suspendido la paritaria, ha suspendido el Fondo de Financiamiento Educativo, ha suspendido el Fondo Compensador, no pagó más el FONID, no se enviaron más fondos para los programas nacionales en als provincias, esto ha significado una pérdida de los salarios docentes".
Desde un comienzo, los docentes plantearon un plan de lucha en defensa de su salario y contra el desfinanciamiento de la Educación Pública. En este caso en particular, la quita de los fondos afecta directamente a la gestión provincial.
Y puntualmente, desde las centrales gremiales de la Educación señalan: "hemos trabajado en conjunto con todas las centrales obreras e incluso vamos a intervenir el próximo tratamiento de la La Ley Bases, para que no salga en los términos que está planteada porque va a significar profundizar el ajuste en lo salarial, en la posibilidad de una reforma laboral que atenta con el derecho de los trabajadores, contra la representación sindical, la autonomía de los sindicatos, y además tambien en lo que significa una modificación en el régimen jubilatorio a nivel nacional".
Al igual que el recorte de los fondos docentes, otra área atacada es el del empleo público, desde ATE, Giuliani destaca: "Nuestro país enfrenta el proceso de ajuste más brutal y cruel que registre la etapa democrática. Esto se expresa en la caída del poder adquisitivo de los salarios estatales, que en seis meses alcanza aproximadamente el 25%, sometiendo a las y los trabajadores del Estado a ingresos por debajo de la línea de la pobreza y llevando a parte del personal por debajo de la indigencia".
Del mismo modo que se advierte en Educación, en la acción de políticas públicas los trabajadores del Estado advierten: "hay un retiro de las políticas públicas de los territorios y reduciendo drásticamente en acceso a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales".
Y en cuanto a las expectativas a futuro, en medio de este marco Giuliani señaló: "La reducción de nuestro país a una factoría productora de commodities (soja, litio, petróleo, etc) acabaría con el entramado industrial y el mercado interno, dejando a la mayoría de población sin expectativas de revertir el 55% de pobreza actual".
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